Reclamación de un accidente de circulación a un Ayuntamiento a partir del 01/10/2016

Hasta el 1 de octubre de 2016 resulta de aplicación el art. 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que expresamente dice: “los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”. En su apartado 2, dice “que, en todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”.

A partir del 01/10/2016, el  procedimiento está regulado  en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuyo articulo 32 señala:

    “1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

  1. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas…”

Según la ST del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2009, los requisitos que configuran la responsabilidad patrimonial de la Administración son:

“1. La efectiva realidad y acreditación del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado.

  1. La relación de causalidad o nexo causal entre el funcionamiento de la Administración y el evento dañoso o, dicho de otro modo, el daño o lesión sufrida por la reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
  2. La ausencia de fuerza mayor o de otra causa de exención de la responsabilidad.
  3. El ejercicio de la acción en plazo.
  4. Antijuridicidad del daño o inexistencia de un deber jurídico de la recurrente de soportar el daño.”

En cuanto a la indemnización, se aplica el art. 34 de la citada Ley, que señala que:

“1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos…”

El  trámite para su reclamación, “se deberá acudir a la vía del recurso contencioso administrativo dirigido a un Juzgado de lo Contencioso Administrativo o a un Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, formulado en forma de demanda iniciadora de procedimiento abreviado en reclamación de la indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial de la Administración; reclamación formulada ante aquel propio órgano administrativo, en solicitud de indemnización en la cantidad por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del acto que se corresponda y que ha sido desestimada por el órgano administrativo.”